“Nuestra realidad social actual exige un cambio radical del proceso político y en nuestra forma de gobernar. Nos llegó la hora de afrontar el desafío inaplazable de articular un sistema de gobernanza pública con un horizonte estratégico para generar resultados positivos en beneficio de la calidad de vida de la población.”

Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

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Mucho se ha hablado de la importancia que dentro de la democracia tienen los procesos electorales. La relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas de los procesos electorales es considerada un elemento crucial para el mejoramiento de la democracia y la gobernabilidad. Actualmente la consolidación democrática afronta grandes desafíos y amenazas cada vez más insidiosas, especialmente debido a la manipulación de los procedimientos normativos y jurídicos originalmente diseñados para proteger acciones arbitrarias y abusos en contra de la democracia. El populismo y la desinformación creciente mediante el uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones digitales mal utilizadas para confundir y engañar a la ciudadanía ejerce una fuerte presión sobre la imparcialidad e integridad de las elecciones como piedra angular de la legitimidad democrática y el fortalecimiento del proceso de gobernar.

En este contexto, el ciclo electoral 2024 representa una nueva oportunidad para superar los desafíos pendientes con los que tenemos que comprometernos para renovar nuestro compromiso y nuestra voluntad para transformar el País y a trabajar sin demora para propiciar el bien común de la sociedad. Las circunstancias se han complicado porque en la sociedad que hay que gobernar se han multiplicado exponencialmente las demandas y las exigencias, en ocasiones contradictorias, para satisfacer las necesidades de la población y la gestión pública se ha empobrecido por el aumento acelerado de la corrupción.

En el actual contexto político general, los recientes cuestionamientos sobre los endosos a precandidatos a las primarias y la seguridad para proteger el derecho al voto de los ciudadanos, plantea desafíos monumentales para salvaguardar la integridad electoral. Las elecciones no son un fin por sí solas. Su propósito, como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el de establecer la voluntad del pueblo con respecto a su gobierno. Son procesos para conferir legitimidad para gobernar y para resolver pacíficamente la competencia política. En este sentido, es importante tomar en cuenta que la instrumentación de la mejora de la gobernanza pública y de las reformas institucionales que requiere el País es una decisión sobre la cual influyen consideraciones de tipo político-electoral. Es vital que los ciudadanos cuenten con información suficiente para hacer una decisión informada para elegir a los candidatos con mayores capacidades.

Desde la perspectiva de la gobernanza pública, se requiere un cambio profundo en la acción social y en los procesos de gobernar que debe resituarse en un ambiente complejo repleto de tensiones. El aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana han degenerado la calidad de vida de la sociedad y han contribuido a aumentar la desconfianza en la gestión de gobierno. Los pobres resultados de la gestión pública revelan decepciones, insatisfacciones, frustraciones y cuestionamientos con la falta de transparencia, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, la desarticulación en la formulación de las políticas públicas, la falta de coherencia y coordinación entre las agencias, la pobre implantación de los sistemas tecnológicos, la menguada participación de los diversos sectores de la sociedad y el aumento de la corrupción.

Por ello, para mejorar la gobernanza, movilizar la economía y propiciar el bienestar de la sociedad, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Asimismo, para fortalecer la confianza pública y la integridad del proceso electoral es impostergable desarrollar una verdadera cultura política sustentada en los principios fundamentales de la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia profesional del órgano electoral. Siguiendo el punto de vista propuesto por el Papa Francisco en las Encíclicas Fratelli Tutti y Laudate Si “para hacer posible el desarrollo… hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común” (FT, 154). Por su parte, con relación a la política y la economía plantea que “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” (LS 189).

Para atender la fatiga del proceso político para mejorar la gobernabilidad es imprescindible atender las debilidades del proceso de gobernar y rendir cuentas para mejorar la gobernanza del País. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010) plantea que las reformas de la administración pública a emprender deben centrarse en los principios rectores de la buena gobernanza, entendida como los acuerdos formales e informales que determinan cómo se toman las decisiones públicas y cómo se llevan a cabo las medidas públicas desde la óptica del respeto a los valores constitucionales de un país. En su trabajo sobre gobernanza pública, la OCDE destaca los siguientes elementos de la buena gobernanza: rendición de cuentas; transparencia; eficiencia y eficacia; capacidad de respuesta; visión y perspectiva y estado de derecho. A continuación, una breve descripción de la función de los seis elementos de la buena gobernanza:

• La rendición de cuentas asegura que el gobierno posibilite y demuestre hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente definidos y acordados.
• La transparencia permite que las medidas que tome el gobierno, sus decisiones y los procesos que se adoptan estén abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de revisión en otros sectores del gobierno y la sociedad civil.
• La eficiencia y eficacia propicia que el gobierno se esfuerce por generar productos públicos de calidad, incluidos los servicios que se prestan a los ciudadanos, al menor costo, y garantiza que se cumpla con las intenciones originales de la política pública.
• La capacidad de respuesta permite que el gobierno tenga las competencias y la flexibilidad para responder con rapidez a los cambios en la sociedad, tomar en cuenta las expectativas de la sociedad civil en la identificación del interés público y tener la voluntad de analizar su papel desde una perspectiva crítica.
• La visión y perspectiva asegura que el gobierno está en posibilidad de prever problemas y temas futuros, basado en los datos y las tendencias actuales y diseña políticas que toman en cuenta los costos futuros y los cambios previstos.
• Un estado de derecho coherente propicia que el gobierno ejecute las leyes, regulaciones y los códigos de manera igual y transparente.

Para trazar el mapa de ruta para encauzar la solución a los problemas sociales, económicos y políticos que encaramos en esta coyuntura electoral no podemos quedarnos sólo en la visión periférica, debemos mirar también la historia, el sistema, los procesos y las estructuras. Nuestra atención no solo debe centrarse en los actores tradicionales y las instituciones gubernamentales, sino también en las conductas y las prácticas de las instituciones privadas, los diversos grupos y las personas de la sociedad.

Para revertir la fatiga del proceso político es esencial abrirle paso a una nueva generación de estilo político, mejorar la capacidad de gobernanza y gestión pública, atender la confusión entre gobierno y partido político, propiciar la transparencia de la información pública y la inclusión ciudadana. Las acciones impostergables en materia económica, institucional y social que exige el País son una convocatoria para seguir sumando esfuerzos para cerrar brechas y promover un ejercicio político verdaderamente democrático que apunte a un país fortalecido en su capacidad de acción colectiva.

Nuestra realidad social actual exige un cambio radical del proceso político y en nuestra forma de gobernar. Nos llegó la hora de afrontar el desafío inaplazable de articular un sistema de gobernanza pública con un horizonte estratégico para generar resultados positivos en beneficio de la calidad de vida de la población. Las tensiones que vive nuestra sociedad deben servir de motor para hacer un esfuerzo colectivo, para ejercer los roles públicos y las responsabilidades que nos corresponden para alcanzar el objetivo común de un ejercicio electoral que impulse una verdadera transformación del País. Sin prisa… pero sin pausa. La realidad no espera… el País tampoco.

 Mayo 2024