“Ante el desgaste del proceso político de nuestros tiempos y los complejos desafíos que enfrentamos como sociedad debemos ser capaces de asegurar la transparencia y la integridad del proceso electoral y dotar de una arquitectura adecuada a nuestra democracia para mejorar la gobernanza y la capacidad institucional y directiva del gobierno en beneficio del bien común de la sociedad”.

Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

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El derecho de las personas a participar en los asuntos públicos es un imperativo fundamental. De acuerdo con Kofi Annan “las elecciones son la base de la democracia. Cuando se conducen con integridad, permiten a los ciudadanos tener voz en cómo y por quién son gobernados”. Las elecciones dan a la ciudadanía la oportunidad de expresar su voluntad y contribuyen a construir o consolidar democracias sostenibles. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todo ciudadano tiene derecho a participar plenamente en las elecciones que sean abiertas, honestas y creíbles y que sirvan como expresión libre de la voluntad ciudadana.

En este contexto, las elecciones de 2024 significan una prueba definitiva para una gobernanza efectiva. Se considera que solo un gobernante que goce del consentimiento expreso de la ciudadanía tendrá mejores posibilidades de gobernar y se deja al criterio de la ciudadanía decidir cuáles de los candidatos reúnen el mayor número de aptitudes y características aceptables para los ciudadanos. La integridad de las elecciones no solo garantiza la legitimidad de un gobierno, sino que también fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Los procesos electorales, como fuente de legitimación política en nuestra democracia enfrentan desafíos monumentales. Existe en la actualidad un amplio consenso a nivel mundial en cuento a que la celebración de elecciones democráticas es esencial para legitimar la autoridad de los gobiernos. Unas elecciones auténticas y limpias siguen siendo la forma más convincente y eficaz de que las personas participen en el gobierno y hagan oír su voz.

De igual modo, la nueva sociedad del conocimiento y la inteligencia artificial está generando un elector distinto, con mayor información y conocimiento de los procesos políticos, con mayor conciencia sobre su papel en los procesos democráticos, inconforme y exigente, capaz de dilucidar entre las diferentes opciones, alternativas y estratagemas que se le presenten en tiempos electorales. Esta nueva sociedad requiere de una nueva política, sustentada en el conocimiento, la información, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, en estrecha interrelación con un sistema político más plural, competido y democrático.

Las elecciones no son un fin por sí solas. Su propósito, como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el de establecer la voluntad del pueblo con respecto a su gobierno. Son procesos para conferir legitimidad para gobernar, y para resolver pacíficamente la competencia política. Una elección genuina es ultimadamente aquella en la que el resultado refleja las preferencias del pueblo expresadas libremente. Por su parte, la fundación Kofi Annan señala que: “en sus raíces, la integridad electoral es un problema político. Ésta depende de la confianza pública en los procesos electorales y políticos. No basta con reformar a las instituciones; la ciudadanía necesita estar convencida de que los cambios son reales y que merecen su confianza. Inclusión, transparencia y rendición de cuentas son todas fundamentales para desarrollar dicha confianza.”

En este marco, un análisis preliminar de los procesos administrativos en los partidos políticos y la Comisión Estatal de Elecciones en esta coyuntura electoral nuevamente ha dejado claro las deficiencias del nuevo Código Electoral señaladas por los diversos sectores de la sociedad. Estas fallas deben ser corregidas de manera inmediata para generar confianza en los ciudadanos y asegurar la transparencia y la integridad del proceso electoral 2024. A modo de ejemplo, los cuestionamientos más relevantes están relacionados con: la falta de depuración de las listas electorales; la falta de controles para garantizar y proteger el voto adelantado, las fallas técnicas y tecnológicas del proceso de votación y del escrutinio electrónico; los procesos deficientes de gestión de manejo de datos; la crisis de liderazgo y capacidad institucional y administrativa en la dirección del órgano electoral y la negligencia craza en el manejo de información confidencial de los electores. Más aún, es necesario atender de inmediato las querellas presentadas por violaciones a la protección de la información personal de varios electores obtenida del expediente electoral y divulgadas en violación a la normativa vigente; los cuestionamientos a las listas electorales que aún contienen electores fallecidos; la falta de acceso ágil para inscribir nuevos electores; las fallas en el proceso del voto por adelantado o por correo y; las pruebas tardías a las máquinas para ejercer el voto y emitir resultados.

En un contexto de respeto a las normas de derechos humanos, las elecciones ayudan a construir Estados y Gobiernos que son fuertes y legítimos porque demuestran que respetan a su pueblo y le permiten expresar su voluntad. Las elecciones auténticas y limpias se nutren de un complejo ecosistema formado por un sistema entretejido de garantías de derechos humanos: un estado de derecho imparcial; y el respeto de las libertades fundamentales y los derechos esenciales, como el derecho a la educación, que hace que las personas puedan tomar decisiones libres e informadas. En otras palabras, el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es una parte esencial de cualquier proceso electoral.

Además de que la participación es un derecho en sí mismo, hay otros derechos humanos que revisten una importancia fundamental en los procesos electorales. Para que el derecho a votar y a ser elegido pueda ejercerse de forma genuina, es necesario que impere un clima en el que los derechos humanos sean respetados y disfrutados por todos, en particular los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la seguridad y a un recurso efectivo.

La integridad y la transparencia electoral son elementos claves para la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en los resultados de las elecciones. Por ello, para que el proceso electoral 2024 pueda erigirse debidamente en fuente de legitimidad de las autoridades públicas, el sistema político- electoral necesita cumplir con garantizar la legalidad, la limpieza y la equidad de los procesos. La transparencia electoral se refiere a la apertura y claridad de los procesos que rodean las elecciones. Esto incluye la forma en que se registran los votantes, cómo se llevan a cabo las votaciones, el conteo de los votos y la publicación de los resultados.

La transparencia no solo implica la claridad en los procedimientos, sino también la posibilidad de que cualquier irregularidad sea investigada y resuelta de manera justa. Cuando los ciudadanos sienten que el proceso electoral es transparente, es más probable que confíen en el sistema y participen activamente en la vida política de su país. No obstante, en momentos de grandes definiciones para encaminar la transformación del País como el que vivimos y de un proceso electoral que condicionará nuestro futuro como sociedad vemos desplegarse discursos y propagandas políticas que apelan al miedo, los insultos al opositor y a la violencia verbal como recursos para influir sobre la ciudadanía.

En este sentido, las elecciones sirven para cimentar la legitimidad de los Gobiernos y los líderes políticos. Bajo esta nueva realidad, las campañas electorales, en sistemas democráticos, han experimentado distintos cambios, ya sea en la forma de conceptualizarse, organizarse, financiarse, hacer proselitismo, o bien, en la manera de comunicarse y movilizar al electorado. Estos cambios son producto, también, de las transformaciones sociales y políticas de los últimos años, que han generado un ciudadano dotado de mayor información, con más educación y conocimientos sobre los aspectos político-electorales y más conectados, a través de distintos dispositivos tecnológicos, con el mundo y sus tendencias políticas e ideológicas.

Un análisis preliminar de las campañas electorales, la propaganda política y las conversaciones con los candidatos a la gobernación revela un alto grado polarización en el debate político de violencia y agresiones verbales. A modo de ejemplo, durante esta campaña electoral hemos visto el uso del miedo y la demagogia como propaganda política y la publicidad agresiva que se ha generado en respuesta a los anuncios colocados en los “billboards” lo que ha creado una alarmante atmósfera que degrada el debate inteligente y constructivo para propiciar la elección de los candidatos que mejores ideas y propuestas presentan para solucionar los problemas del País.

En un momento donde las tensiones políticas son frecuentes y las disputas electorales pueden desestabilizar, es crucial asegurar que el proceso electoral sea justo y transparente. La coyuntura actual nos obliga a ejercer nuestro derecho al voto y a elegir mejor gobierno para producir cambios sustantivos en la economía y en la sociedad.  

Ante el desgaste del proceso político de nuestros tiempos y los complejos desafíos que enfrentamos como sociedad debemos ser capaces de asegurar la transparencia y la integridad del proceso electoral y dotar de una arquitectura adecuada a nuestra democracia para mejorar la gobernanza y la capacidad institucional y directiva del gobierno en beneficio del bien común de la sociedad. 

Octubre 2024