Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

“El derecho a saber y el acceso a la información son fundamentales para una gobernanza, transparente y responsable. La revolución digital presenta vías prometedoras para elevar la transparencia, la integridad pública y el acceso a la información para mejorar la gobernanza del sistema energético, la salud, el ambiente y los recursos naturales como una salvaguarda democrática central en el contexto del cambio climático que enfrentamos a nivel mundial.”

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La transparencia se enfrenta hoy a una nueva frontera, los avances tecnológicos en la era digital han revolucionado la manera en la que nos comunicamos y han conectado a la gente a una escala antes impensable. Sin embargo, estos mismos adelantos han facilitado la difusión de información errónea, desinformación y discursos de incitación al odio a un nivel y con una velocidad y viralidad sin precedentes, lo que pone en peligro la integridad del ecosistema de la información. Los nuevos y crecientes riesgos derivados de estos rápidos avances en las tecnologías de la Inteligencia Artificial han convertido el fortalecimiento de la integridad de la información en una de las tareas más importantes y urgentes de nuestro tiempo. Esta amenaza a escala mundial, tan evidente y latente exige una acción coordinada en favor de la implantación de los Principios universales para la integridad de la información de las Naciones Unidas (oprima aquí).

El potencial de la revolución digital es esencial para fortalecer la inclusión y empoderar a los ciudadanos; propiciar la involucración del sector empresarial, el gobierno y la sociedad; prevenir daños irreversibles en el ecosistema climático y promover la justicia climática para cumplir las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando los ciudadanos conocen la verdad, los gobiernos funcionan mejor. Cuando la información fluye libremente, las sociedades prosperan. Y cuando el secretismo se sustituye por la transparencia, se salvan vidas. La información creíble es la base para generar confianza y resiliencia en un mundo interconectado. “Garantizar el acceso a la información en la era digital”, es sumamente urgente.

Lamentablemente, contar con leyes de transparencia y acceso a la información no es suficiente. Las leyes para proteger el acceso a la información son el puente que permite que los periodistas y los ciudadanos accedan a servicios básicos, fortalezcan la rendición de cuentas, denuncien la corrupción y exijan la justicia. Puerto Rico cuenta con una Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141 de 2019) y una Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 122 de 2019). Estas leyes requieren ser modificadas para atender sus limitaciones. Una ley robusta de transparencia y acceso a la información comparten ciertas características: se aplican ampliamente, incluso a entidades privadas si gastan fondos públicos; establecen procedimientos claros y de bajo costo; imponen plazos estrictos; y garantizan una supervisión independiente. Estas leyes también limitan las exenciones y exigen la publicación proactiva de datos clave. Cuando faltan estos elementos, el secretismo vuelve a imponerse.

En una era de desinformación, información errónea y crecientes riesgos globales, la transparencia no es un lujo para las democracias. Es una estrategia de supervivencia. El acceso universal a la información es más que papeleo. Es tan vital para una sociedad sana como el aire limpio. Empodera a comunidades en situación de marginación y vulnerabilidad, capacita a periodistas para exigir responsabilidades a los poderosos y reconstruye la confianza en las instituciones.

Al mismo tiempo, plantea nuevos desafíos en relación con la privacidad de los datos, la desinformación y las brechas digitales que deben ser cuidadosamente navegados. En este contexto, las entidades internacionales delinean las responsabilidades compartidas de los gobiernos, las plataformas tecnológicas, los medios de comunicación y la sociedad civil para mantener la transparencia, promover información precisa y contrarrestar la desinformación en la era digital. Estos marcos son críticos para garantizar información confiable y procesable frente a la crisis climática.

La UNESCO plantea que la brecha de transparencia y de acceso a la información en la sociedad del conocimiento constituye una brecha de conocimiento que atenta contra la gobernanza y contra la formulación de políticas públicas estratégicas y programas en favor de la calidad de vida de la población. Las instituciones públicas deben estar en todo momento vigilantes de la calidad de la información y los ciudadanos siempre alertas para generar ideas para la solución de sus problemas y la fiscalización de la gestión de gobierno. Las sociedades del conocimiento son fuentes de desarrollo y propician el avance de las capacidades de gobernanza.

A su vez, la transparencia de la información es considerada un pilar de buena gobernanza pública. Garantizar el acceso a la información ambiental en la era digital es responsabilidad de todos. Exige transparencia en la acción climática a través del intercambio abierto de datos y promover la democracia ambiental como un camino hacia el desarrollo sostenible. Debe estar anclado en una base legal y normativa que apoye el derecho de los ciudadanos a saber y que permita mantener la rendición de cuentas en las políticas ambientales.

De igual forma, la información ambiental oportuna empodera a todas las partes interesadas para actuar sobre el cambio climático. Los ciudadanos informados son clave para un planeta más verde, más equitativo y próspero, incluso al responsabilizar a los formuladores de políticas por sus compromisos con los marcos acordados internacionalmente. El acceso a la información ambiental es particularmente crucial en este contexto. Está profundamente vinculado a marcos internacionales de gobernanza ambiental como el Acuerdo de París (2015) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en particular el Principio 10, que enfatiza el derecho del público a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Conforme a este principio, los asuntos ambientales se manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos interesados, al nivel pertinente. A nivel de cada país, cada individuo tendrá acceso apropiado a la información concerniente al medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Todos los países deben facilitar y fomentar la conciencia y participación pública haciendo la información ampliamente disponible. Además, deben proporcionar un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el recurso y la reparación.

Asimismo, es reconocido que la profundización de las brechas en relación con la ciencia, la tecnología y la innovación ha ido en aumento. En este sentido, a través de la celebración del Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información a celebrarse el 28 de septiembre de 2025, el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, una organización miembro de la Coalición de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), se une a la UNESCO y las partes interesadas para desarrollar iniciativas dirigidas a fortalecer las alianzas con todos los sectores de la sociedad, promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas y avanzar en la implantación de las leyes de transparencia y acceso a la información.

En este marco el Centro de Gobernanza dio a conocer que llevaráa cabo durante el año académico 2025-2026 el proyecto Incubadora de gobernanza y emprendimiento juvenil en innovación social, ciencia, tecnología, ambiente y cultura (Incubadora de Gobernanza) en alianza con el sector empresarial y el gobierno. El proyecto de mejores prácticas de buena gobernanza tiene como objetivo promover el rol de los jóvenes como agentes de cambio y su capacidad para mejorar las prácticas de buena gobernanza pública y empresarial, la transparencia y la integridad y responder a la corrupción mediante la innovación, la tecnología y el emprendimiento social.

La Incubadora de gobernanza tiene el propósito de forjar una cultura de emprendimiento y buena gobernanza, integridad y transparencia en la gestión gubernamental y empresarial y de rechazo a la corrupción entre jóvenes, niños y niñas aprovechando el poder transformador de la educación, la investigación y las alianzas. En esta coyuntura el proyecto de la Incubadora de gobernanza atenderá los desafíos relacionados con cerrar la brecha en la formulación de políticas públicas y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas dirigidas a facilitar y fomentar la solución de problemas y la toma de decisiones propiciando el desarrollo de soluciones generadas por los jóvenes y los niños dirigidas a mejorar el bienestar de las personas, fomentar el desarrollo social y económico sostenible y promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de la democracia. 

Este año como parte de la celebración del Día Internacional del Derecho a la Información la UNESCO destaca que el derecho a saber y el acceso a la información son fundamentales para una gobernanza, transparente y responsable. La revolución digital presenta vías prometedoras para elevar la transparencia, la integridad pública y el acceso a la información para mejorar la gobernanza del sistema energético, la salud, el ambiente y los recursos naturales como una salvaguarda democrática central en el contexto del cambio climático que enfrentamos a nivel mundial. Es esencial para fortalecer la inclusión y empoderar a las comunidades; propiciar la involucración del sector empresarial, el gobierno y la sociedad; prevenir daños irreversibles en el ecosistema climático y promover la justicia ambiental para cumplir las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

El llamado a la ciudadanía, el gobierno, el sector empresarial y los medios de comunicación es a maximizar el uso de la tecnología digital para catalizar nuevos compromisos, brindar apoyo a la capacidad y movilizar la voluntad política para cerrar esta brecha y garantizar la transparencia y el acceso universal a la información para todos. Es hora de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a obtener la información necesaria.

Septiembre de 2025