“La prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para atender estos desafíos que amenazan la prosperidad y la estabilidad social.”

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Puerto Rico, al igual que muchos países del mundo, se enfrenta a algunos de sus mayores retos para muchas generaciones. El problema de la corrupción se entrelaza en la mayoría de ellos. La corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

En este contexto, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional cobra mayor vigencia para analizar los verdaderos problemas que encara el país en antesala al proceso electoral que comienza. El IPC 2023 presentado por Transparencia Internacional pone de manifiesto que la corrupción sigue aumentando. El informe destaca que la corrupción no ha mostrado mejorías notables en la última década en Latinoamérica: el promedio de puntuación del Índice de Percepción de Corrupción 2023 es de 36 puntos sobre un total de 100, apenas tres puntos menos que en 2012 y uno menos que en 2022. En todo el continente, incluyendo el Caribe, Estados Unidos y Canadá, las dos terceras partes de los países de la región, equivalentes al 66%, tienen una calificación menor a los 50 puntos, dijo Transparencia Internacional en su reporte anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El informe no incluye datos sobre Puerto Rico.

El IPC fue creado en 1995 y clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, utilizando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). Transparencia Internacional utiliza información de 13 fuentes externas para elaborarlo, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo y grupos especializados. Más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que indica claramente que tienen graves problemas de corrupción. El promedio mundial está estancado en sólo 43, mientras que la gran mayoría de los países no han logrado avances o han disminuido en la última década. Más aún, 23 países cayeron este año a sus puntuaciones más bajas hasta la fecha.

Este año el informe de Transparencia Internacional puntualiza que el poder judicial en las Américas no está cumpliendo su papel crucial de contrapeso a otros poderes del Estado. La ausencia de independencia judicial debilita el estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos. El informe señala que “la tendencia mundial al debilitamiento de los sistemas judiciales está reduciendo la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, lo que permite que prospere la corrupción.” Abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región cuyo promedio se mantiene en 43 y dos tercios de los países se sitúan por debajo de 50 puntos.

En este informe los indicadores de la independencia judicial y la efectividad de los sistemas de justicia como criterios para combatir la corrupción cobran mayor relevancia. Con relación a estos indicadores, el informe recomienda las siguientes acciones prioritarias: promover el acceso equitativo a los sistemas de justicia; además, asegurar los recursos necesarios para su funcionamiento; impulsar nombramientos judiciales basados en méritos profesionales; despolitizar el sistema de selección; y, remunerar adecuadamente a los jueces y al personal que aplica la justicia para proteger el interés público.

Análisis de la estrategia anticorrupción de Puerto Rico

Al examinar el estado de situación de la corrupción en Puerto Rico encontramos que es uno de los rasgos que ha estado presente como una constante en el ejercicio del poder de los gobiernos, en complicidad con actores privados, estructurando y afirmando un sistema de privilegios y beneficios para el enriquecimiento privado, personal, de sus empresas, de familiares, de amigos y de los partidos políticos en los que militan. El discurso de demagogia política y de propaganda mediática del gobierno que pretende hacerle creer a los ciudadanos que su gestión es transparente y que no existe corrupción en el gobierno es altamente preocupante y engañoso.

Por ello, el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa ha venido desarrollando hace más de una década una abarcadora agenda de investigación y educación para propiciar la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para impulsar las reformas impostergables en la gestión de los asuntos públicos del país y prevenir y combatir la corrupción. Los resultados de los estudios de investigación revelan que el uso que le han dado los partidos políticos y los funcionarios gubernamentales al principio de transparencia muestra cierto grado de utilitarismo y cinismo al conocer el despilfarro de recursos públicos que va desde las irregularidades en las contrataciones, el otorgamiento de sueldos preferentes, los contratos de publicidad a quienes corren sus campañas políticas y la negligencia y las irregularidades en el manejo de la emergencia por los desastres naturales que vivimos en 2017.

Desde hace años políticos aspirantes a la gobernación y a otros puestos electorales colocan a la lucha contra la corrupción como una de las banderas centrales de sus campañas, pero al llegar al poder las acciones ya no corresponden con las palabras. Más aún, se percibe un incremento en el deterioro en los sistemas de justicia y las deficiencias en los procesos de nombramiento de jueces, fiscales y procuradores.

Estas situaciones continúan restándole potencial para que la transparencia florezca como una estrategia de desarrollo y un mecanismo regulador y fiscalizador de las acciones y resultados del gobierno y en consecuencia de obligatoriedad para la rendición de cuentas. Aún más preocupante es que algunos funcionarios la utilicen como bandera para esconder el mal uso de los recursos públicos, situación que solo propicia indignación social, y en ocasiones actúa como una especie de defensa por parte del ciudadano para justificar sus propias conductas deshonestas y actos de corrupción.

En este contexto, los resultados y las recomendaciones del informe sobre La implantación de las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en Puerto Rico (oprima aquí para ver el informe) presentado por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa en diciembre de 2023 revelan que combatir la corrupción y mejorar la capacidad de gobernanza y gestión pública requiere transparencia, capacidad y competencia y de un andamiaje de administración pública eficiente que permita luchar contra la corrupción desde una gestión gubernamental coherente y organizada y potenciar la prosperidad compartida y el desarrollo social inclusivo.

El informe de país sobre la implantación de la CNUCC en Puerto Rico, realizado en coordinación de la Coalición de las Naciones Unidas Contra la Corrupción utilizando la plantilla de información desarrollada por Transparencia Internacional, hace un diagnóstico riguroso sobre el marco jurídico y la estrategia anticorrupción del país para identificar áreas de mejoras y hacer recomendaciones concretas para contribuir a su efectiva implantación (oprima aquí para ver cobertura de prensa).

El informe de país sobre la implantación de la CNUCC en Puerto Rico, realizado en coordinación de la Coalición de las Naciones Unidas Contra la Corrupción utilizando la plantilla de información desarrollada por Transparencia Internacional, hace un diagnóstico riguroso sobre el marco jurídico y la estrategia anticorrupción del país para identificar áreas de mejoras y hacer recomendaciones concretas para contribuir a su efectiva implantación (oprima aquí para ver cobertura de prensa).

El estudio de investigación hace un diagnóstico riguroso sobre el marco jurídico y la estrategia anticorrupción del país para identificar áreas de mejora y hacer recomendaciones concretas para contribuir a su efectiva implantación. El estudio tuvo el propósito de hacer una evaluación, por una entidad independiente, dirigida a configurar una valoración científica del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC para generar recomendaciones para el fortalecimiento del estado de derecho y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico. Para realizar el diagnóstico se utilizó la guía y la plantilla de aplicación del proceso de examen elaborada por la Coalición UNCAC y Transparencia Internacional. El proceso de análisis, revisión y diagnóstico tuvo como finalidad:

• Presentar información para fundamentar los cambios requeridos para fortalecer el marco jurídico y la estrategia anticorrupción;

• Identificar las causas y los factores que propician esta conducta malsana                                                 

• Hacer recomendaciones para la formulación de políticas públicas fundamentadas en las mejores prácticas internacionales que propicie la implantación de un sistema anticorrupción robusto y coherente de las estrategias para prevenir, combatir y penalizar la corrupción

Asimismo, los resultados del diagnóstico servirán de guía para formular una estrategia de buenas prácticas de gobierno y un plan de acción para su eficiente implantación que permita trasladar las disposiciones de la CNUCC al marco legal y regulatorio de Puerto Rico y delinear las reformas de las prácticas de gobernanza, gestión gubernamental y las políticas públicas requeridas para propiciar el bien común de la sociedad.

Los resultados del análisis de cumplimiento revelan que combatir la corrupción y mejorar la capacidad de gobernanza y gestión pública requiere un andamiaje de administración pública eficiente que permita luchar contra la corrupción desde una gestión gubernamental coherente y organizada y potenciar la prosperidad compartida y el desarrollo social inclusivo. Los hallazgos de la investigación subrayan la necesidad imperiosa de cerrar la brecha de cumplimiento entre el marco legal vigente y su aplicación e implantación en la práctica. Asimismo, del estudio surge que el estado de derecho cumple en gran medida con las disposiciones de la CNUCC. Sin embargo, su aplicación en la práctica es fragmentada e insuficiente para prevenir y combatir la corrupción.

Del estudio surge que el estado de derecho anticorrupción en Puerto Rico cumple en gran medida con las disposiciones de la CNUCC. Sin embargo, su aplicación en la práctica es fragmentada e insuficiente para prevenir, combatir y penalizar la corrupción. Asimismo, los resultados del estudio revelan varios factores estructurales que propician la corrupción en Puerto Rico:

1. El desgaste de las capacidades institucionales a nivel estatal, municipal, legislativo y judicial;
2. La erosión de los valores y los principios éticos de la sociedad y las debilidades del sistema de integridad pública. 
3. La degradación del sistema de mérito en el servicio público;
4. La falta de transparencia e inclusión ciudadana en la solución de los problemas que les afectan y en los procesos de toma de decisiones;
5. El deterioro en los sistemas de justicia y las deficiencias en los procesos de nombramiento de jueces, fiscales y procuradores;
6. La alta impunidad que refleja los obstáculos que aún enfrenta la brecha entre la realidad práctica y la realidad jurídica en el combate de la corrupción en el país.
7. El aumento de la desigualdad y la pobreza.

Los resultados puntualizan que debido a las políticas públicas fallidas adoptadas por los gobiernos de turno hace más de una década en torno a la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, el problema continúa siendo uno serio y delicado. Este mal socava la confianza del individuo en las instituciones y es susceptible de destruir el esfuerzo colectivo meramente por la conducta de unos pocos. El robo de bienes públicos es un gravísimo problema con un impacto devastador en la economía y la sociedad. Si bien en este informe no fue posible determinar la magnitud exacta del producto de la corrupción que circula en la economía, las estimaciones demuestran la gravedad del problema. Además, surge que hay que erradicar el inversionismo político y revisar el código anticorrupción y las leyes relacionadas con el sistema electoral y la transparencia y el acceso a la información gubernamental.

Más aún, del estudio surge que las opiniones de los consultados se percibe que la confianza en el sistema judicial esta cuestionada. Las notas de prensa destacan que los ciudadanos perciben que los nombramientos de jueces, fiscales y procuradores consideran criterios ajenos al mérito y la probidad de su peritaje profesional y su integridad personal. A base de los resultados el restudio recomienda fortalecer el sistema de nombramiento de jueces, fiscales y procuradores para garantizar la independencia judicial. Además, recomienda foetalecer los mecanismos de evaluación de desempeño de jueces, fiscales y procuradores. Estos resultados coinciden con los cuestionamientos planteados en el Informe de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2023 relacionados con la independencia judicial y la efectividad de los sistemas de justicia para combatir la corrupción.

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones importantes no sólo para mejorar el marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico, sino también, la transparencia y el acceso a la información para atender las deficiencias en el análisis y la difusión de datos y la incoherencia de las políticas públicas que favorecen la desinformación las informaciones erróneas y la desinformación. De igual forma, las lecciones aprendidas serán de gran utilidad para fortalecer la integridad pública, mejorar la gobernanza y la gestión de los asuntos públicos.

Los investigadores del Centro de Gobernanza plantean que la corrupción se combate con transparencia, capacidad y competencia. Existe consenso de que la transparencia aumenta la probabilidad de detectar la corrupción. Además, permite su detección y reduce la probabilidad de comportamientos corruptos porque disminuye la barrera de la información, de modo que facilita el escrutinio y el monitoreo. La transparencia también disuade los actos de corrupción al aumentar las posibilidades de identificar a los agentes corruptos. La prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para atender estos desafíos que amenazan la prosperidad y la estabilidad social.

Por último, es necesario reducir la influencia de los intereses privados y es esencial que el gobierno tome mejores decisiones en favor del bien público y no de los intereses políticos o empresariales. Dar respuesta a los serios e impostergables asuntos que enfrentamos permitirá asegurar el bienestar de los ciudadanos y de las generaciones futuras.

Para alcanzar resultados positivos es primordial transparentar la información pública para combatir la corrupción.

Febrero 2024

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