Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

“Urge mejorar la gobernanza para construir sinergias y lograr aprendizajes compartidos para elevar la vara en la calidad de la gobernanza para gestar la cohesión y la coherencia de las acciones impostergables para movilizar la transformación del País”.

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Dar respuesta pronta y adecuada a las demandas de la sociedad y resolver los diversos problemas económicos, sociales y políticos constituye un gran desafío para los gobiernos democráticos. La democracia, después de todo no es una meta sino un esfuerzo continuo por fortalecer las instituciones, mejorar el bienestar de la gente y promover una visión de largo plazo en el País. 

Los tiempos en los que la democracia se satisfacía solo con llevar a cabo elecciones periódicas y una rendición de cuentas limitada han quedado en el pasado. Es amplio el consenso general de que la buena gobernanza va unida a procesos y resultados indispensables para la gobernabilidad. Podemos convenir que una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía. Los gobiernos tienen legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien común y evalúa como eficaces las políticas públicas adoptadas para resolver los problemas que le afectan.

Es reconocido que la gobernanza eficaz requiere visión, estrategia, capacidad directiva y liderazgo para generar resultados positivos para la sociedad. Aristóteles y Platón plantearon que un Estado bien gobernado es el que busca gobernar para la gente y que se gobierne respetando el estado de derecho para cumplir las necesidades fundamentales de la sociedad y propiciar el bien común. 

Sin embargo, en Puerto Rico por décadas no ha sido posible gestionar y resolver la complejidad de los problemas públicos por un andamiaje de hacer gobierno que está obsoleto, anquilosado y desgastado. Hemos vivido por años sin tomar decisiones prioritarias para atender las necesidades sociales. No porque no sepamos que hay que tomarlas, sino simple y llanamente porque no hay la voluntad de tomarlas, no hemos formulado la visión de país y acordado las metas colectivas compartidas que nos movilizarán a alcanzarlas y no se generan los consensos necesarios para implantar los cambios. En el sector público todos sabemos lo que no funciona; que no hay recursos para hacerlo todo; que las instituciones no tienen el nivel de calidad mínimo aceptable; todos sabemos dónde hay duplicidad y redundancia; y dónde hacen falta más recursos.

En este contexto, la pregunta es, ¿dónde está la voluntad política de tomar las decisiones que, todos sabemos, que tendremos que tomar tarde o temprano? Transcurridos más de cien días de iniciada la gestión de la actual administración gubernamental, el gobierno encara el desafío de darle dirección a la sociedad en un entorno de gran complejidad e incertidumbre. Hay múltiples decisiones trascendentales que hacen necesario que el nuevo gobierno gestione con eficiencia, fortalezca la transparencia y priorice sus acciones de manera estratégica. Lo paradójico es que, la competencia superficial y destructiva entre y dentro de los partidos políticos, la administración gubernamental y el sector privado, el gobierno nuevamente encara serios cuestionamientos sobre la coherencia de sus decisiones de política pública y los desaciertos de las acciones y las prioridades encaminadas.

Las controversias y las polémicas más recientes en la esfera pública reseñados por la prensa relacionadas con las incongruencias y la temeridad en las decisiones gubernamentales en asuntos críticos tales como: los desaciertos en los nombramientos en agencias claves, el pobre manejo de las reiteradas deficiencias del sistema energético, los cuestionamientos en el manejo de los recursos naturales y la protección del ambiente y las debilidades del proceso de trámite de permisos, continúa generando malestar y desasosiego. Estos desaciertos atestiguan la falta de estrategia y visión de largo plazo y la incapacidad directiva del gobierno de darle dirección a la sociedad de manera congruente y focalizada para favorecer el bien común.

Para superar con prontitud las dificultades que han aflorado temprano en el proceso de gobernar es imperioso instituir un proceso de gobernanza pública que genere eficiencia y propicie el logro de resultados para atender los problemas de la sociedad. Sin duda, se trata de uno de los aspectos más difíciles de corregir, por las fuertes inercias del viejo modelo burocrático que se arrastra. Romper con la ineficiencia de la administración pública y coproducir respuestas con todos los actores sociales es esencial para lograr los resultados en beneficio de la sociedad y generar confianza en esta época de incertidumbre y disrupción sin precedente. 

En este sentido, en el libro Resituar la gobernanza como respuesta efectiva para la transformación de Puerto Rico (gobernanzapr.org/) publicado por Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, los ensayos del Dr. Luis F. Aguilar Villanueva plantean que la eficacia directiva requiere que las decisiones tomadas por el gobierno focalicen en solucionar los asuntos cruciales que encara la sociedad y que el gobierno debe gestionarse siguiendo los principios fundamentales de buen gobierno. La capacidad y eficacia directiva del proceso de gobernar, según el profesor Aguilar incluye elementos institucionales, financieros, administrativos y políticos.

Aguilar define la gobernanza como el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia fundamentales y coyunturales, así como las formas de coordinarse para realizarlo, es decir, su sentido y su capacidad de dirección. En consecuencia, el concepto indica dos dimensiones fundamentales de la vida humana en sociedad, la intencionalidad y la capacidad social de transformar los propósitos en realidades. Los ensayos de los investigadores del Centro de Gobernanza, coautores del libro, plantean que se requiere de visión estratégica y de un sistema de transparencia y rendición de cuentas eficiente para generar los resultados positivos para la sociedad.

El sistema de gobernanza pública propuesto por los autores debe focalizar en las siguientes áreas fundamentales: un plan de País que establezca la dirección y las estrategias, un estado de derecho robusto y coherente, la formulación de políticas públicas efectivas, un andamiaje de gobierno y gestión pública estratégico, prácticas eficientes de transparencia y rendición de cuentas y un sistema de integridad pública que genere confianza para propiciar el desarrollo económico, la generación de riqueza, la creación de empleos y prevenir, combatir y penalizar la corrupción.

Para avanzar en la mejora de la calidad de la gobernanza urge abandonar la transparencia cosmética. Es necesario implantar sistemas de rendición de cuentas vinculados a las herramientas de transparencia para monitorear y evaluar los objetivos y los planes estratégicos de gobierno, los planes operativos anuales y el presupuesto gubernamental. Asimismo, se requiere ampliar las diferentes modalidades de participación ciudadana en las políticas de los diferentes niveles de gobierno, articular proyectos demostrativos de democracia participativa y evaluar sus resultados. Es necesario además adoptar una política pública para la apertura y digitalización de datos y para propiciar y agilizar una estrategia efectiva de desarrollo económico y creación de empleos. 

Los desafíos político-administrativos que enfrenta nuestra frágil democracia exigen romper con las malas prácticas de gobierno de las últimas décadas. Es esencial contar con una conciencia pública educada para reconocer y atender los problemas estructurales que nos afectan y con la voluntad política necesaria para formular políticas públicas y asignar recursos suficientes. Asimismo, es necesario que las instituciones tengan capacidad de gestión para integrar los esfuerzos de reforma y generar resultados para el bien común. Más que un cambio de partido político se trata de una transformación de la forma de hacer gobierno.

Los dirigentes gubernamentales tienen la obligación y el deber de servir más y mejor para cumplir con el propósito categórico de gobernar bien. En definitiva, urge mejorar la gobernanza para construir sinergias y lograr aprendizajes compartidos para elevar la vara en la calidad de la gobernanza para gestar la cohesión y la coherencia de las acciones impostergables para movilizar la transformación del País. El momento es propicio para actuar en beneficio del bien común y fortalecer la democracia.

Abril 2025