Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
“El derecho de acceso a la información pública funciona como la piedra angular de la vida democrática y como una herramienta indispensable para que los ciudadanos fiscalicen y exijan rendición de cuentas a su gobierno”.
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El derecho de acceso a la información pública enfrenta severas amenazas a nivel global y nacional. Este derecho fundamental funciona como la piedra angular de la vida democrática y como una herramienta indispensable para que los ciudadanos fiscalicen y exijan rendición de cuentas a su gobierno. Por ello, en ocasión de la celebración del Día internacional del Derecho a saber el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, una organización sin fines de lucro miembro de la Coalición de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), se une a las actividades organizadas por diversas entidades para concienciar sobre la importancia de este derecho fundamental. La Organización de las Naciones Unidas adoptó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso a la Información. El derecho de acceso a la información implica que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión.
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información de 2026 se centra en el tema Mantener la integridad de la información en la era digital: El papel del acceso a la información para abordar el desorden informativo. Este día explora cómo el acceso a información oficial fiable, la divulgación proactiva, la alfabetización mediática e informacional, los datos creíbles y las tecnologías digitales pueden contribuir a un entorno informativo más saludable.
La integridad de la información implica un espacio de información plural que abogue por los derechos humanos, las sociedades pacíficas y un futuro sostenible. Mantiene la promesa de una era digital que fomente la confianza, el conocimiento y la elección individual para todo el mundo. Fomentar la integridad de la información implica empoderar a la gente para que ejerza su derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo y a sostener opiniones sin interferencias. En un entorno de información digital cada vez más complejo, eso significa permitir a la gente navegar por los espacios de información con seguridad, privacidad y libertad. Los Principios Globales de las Naciones Unidas para la Integridad de la Información nos muestran que otro futuro es posible y nos convoca a crear un ambiente saludable de información para mejorar las prácticas de gobernanza y fortalecer la democracia.
Principios Globales de las Naciones Unidas para la Integridad de la Información

Gobernanza, integridad pública y derecho a la información
El diseño estructural de los sistemas de gobernanza pública, que definen el arreglo de las democracias a nivel mundial, está anclado en la transparencia, porque se ha comprendido que su lucha es contra el secreto y la opacidad. De ahí que en los sistemas democráticos contemporáneos sea una práctica común la implementación de políticas públicas focalizados en asegurar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Los avances alcanzados en materia de transparencia indican que el libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública permite a la sociedad conocer lo que hacen las autoridades, las decisiones que toman y el uso que hacen de los recursos públicos. Los ciudadanos informados pueden tomar decisiones con conocimiento de causa.
En las democracias la transparencia es una de las herramientas más importantes para que los ciudadanos no sólo conozcan a los gobiernos, sino que los evalúen en cuanto a su desempeño en las tareas públicas que deben cumplir. La transparencia es una ruta para que el gobierno no se encierre en una torre de marfil, sino que tenga las puertas abiertas para evitar el monopolio de la información. La transparencia, por lo tanto, es la política pública que favorece que los programas de gobierno sean conocidos tanto por ciudadanos como por la opinión pública. Esto significa que no debe haber en la democracia agencias, políticas, programas y ejercicio de los recursos públicos secretos; que sólo conocen unos cuantos. Implica que todo lo público, incluyendo el funcionamiento del gobierno, esté a la vista de la sociedad civil, las personas y las organizaciones ciudadanas. Significa la oportunidad de acceder a las esferas de la gestión pública, para dar cuenta de si las autoridades constituidas cumplen la oferta de gobierno prometida y si hay resultados eficientes en sus objetivos y metas.
En un mundo digital saturado de información, desinformación y noticias falsas, el simple acceso no basta: las personas también necesitan información oportuna y fiable. La información pública oportuna y creíble puede fortalecer la confianza, facilitar la toma de decisiones informadas y ayudar a las personas a participar de forma significativa en la sociedad.
Sin embargo, el embate de los gobiernos al derecho a la información y la democracia a nivel nacional e internacional enfrenta presiones crecientes debido al debilitamiento de los contrapesos institucionales, la polarización política y las acciones de los gobernantes contra los medios de comunicación independiente. Diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, Transparencia Internacional, la UNCAC y el Instituto VDem han advertido sobre el retroceso del derecho al acceso a la información que afecta directamente los pilares del estado de derecho en las democracias.
En la coyuntura actual, la erosión de los contrapesos, la concentración de poder en el ejecutivo y el debilitamiento de las instituciones de supervisión y fiscalización, así como las presiones sobre la judicatura y los cuestionamientos a la autonomía de las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y otras voces críticas han incrementado las amenazas al derecho a la información en Estados Unidos. Los ejemplos más recientes de la restricción y el veto del Presidente a la prensa para revocar credenciales y prohibir el ingreso a la Casa Blanca a diversos medios de comunicación ha motivado demandas legales conjuntas por parte de organizaciones periodísticas. De igual forma, la intimidación y las acciones legales mediante el uso de demandas y señalamientos gubernamentales contra editores y fuentes informativas para desincentivar la cobertura de prensa independiente que permite que los ciudadanos cuenten con información veraz y oportuna para calibrar la rendición de cuentas de las acciones gubernamentales continúa poniendo el peligro la democracia. Se percibe que lo que está surgiendo detrás del telón es un ataque concertado de la capacidad de la gente para entender las decisiones gubernamentales que le permitan apoyar oponerse, o incluso quejarse de alguna de las medidas que se toman a nivel del estado, lo que provoca un “efecto amedrentador” en el que se hace demasiado difícil o demasiado peligroso expresar disconformidad.
Una cosa es tener una ley de acceso a la información. ¿Pero qué tan efectiva es en la práctica? En Puerto Rico, diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones de derechos humanos y de libertad de prensa advierten que el acceso a la información sufre un importante deterioro debido principalmente a: barreras burocráticas y reformas regresivas que complican el proceso de solicitud de documentos, un ejemplo de este fenómeno lo vemos en la aprobación en el 2025 de los cambios a las normativas de acceso a la información que extiende significativamente los plazos de entrega del gobierno a las solicitudes de información y añaden trabas administrativas redundantes, entorpeciendo el periodismo de investigación. Más aún la opacidad y el secreto de las decisiones gubernamentales relacionadas con las contrataciones públicas relacionadas con las reformas del sistema energético, la educación y la salud continúan deteriorando la confianza ciudadana en la gestión pública y propiciando un ambiente fértil para la corrupción gubernamental. De igual forma se observa una tendencia creciente a catalogar de forma arbitraria la información sobre obras públicas, presupuestos, auditorías o investigaciones bajo criterios de confidencialidad o secreto del Estado. Al abusar de estas excepciones, el gobierno debilita el principio de máxima publicidad consagrado internacionalmente.
En este sentido, el derecho de acceso a la información y el espacio cívico enfrentan amenazas globales y nacionales debido a restricciones estatales, retrocesos legislativos y la falta de independencia judicial, según ha advertido Transparencia Internacional y otros organismos de vigilancia democrática. Transparencia Internacional ha señalado reiteradamente en sus informes del Índice de Percepción de la Corrupción que la reducción del espacio cívico y las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa fomentan las condiciones para el crecimiento de la corrupción y el abuso de poder. Organismos internacionales advierten que la falta de contrapesos y la erosión de la independencia en el poder judicial impiden sancionar la corrupción y dejan a la ciudadanía sin herramientas eficaces de rendición de cuentas.
En este contexto, El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa publicó el libro La gobernanza y los medios de comunicación (2019) que plantea que el derecho a la información y la libertad de los medios es esencial para ofrecer información y conocimientos de los cuales dependen la participación democrática y la buena gobernanza pública. De acuerdo con estudio la mejor contribución que los medios de comunicación pueden hacer a la formación de una esfera pública que provea auténticos espacios de inclusión ciudadana como precondición para la mejora de la gobernabilidad y el desarrollo democrático es el fortalecimiento de la propia cultura de los medios. Sólo un medio dinámico, independiente, pluralista, integrador e imparcial, con libertad editorial y alejado de la censura y de la influencia de los intereses políticos, comerciales u otros, es decir, un medio libre, contribuirá de manera natural al diálogo y el entendimiento por sobre las diferencias que dividen.
El llamado es a gestionar el gobierno con transparencia e integridad para construir la confianza requerida para mejorar la gobernanza y fortalecer la democracia. Invitamos a la ciudadanía a unirse a la jornada de actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional del derecho de acceso a la información y de hacer operativos los cinco principios globales para la integridad de la información -Credibilidad social y resiliencia; Incentivos positivos; Empoderamiento de las personas; Medios de comunicación independientes, libres y plurales y; Transparencia e investigación- para convertirlos en medidas prácticas para las partes interesadas en el ecosistema de información. Diseñadas como un plan integral, estas recomendaciones abarcan desde las obligaciones jurídicas de los Estados hasta las responsabilidades del sector tecnológico, pasando por las mejores prácticas para los medios de comunicación y la sociedad civil.
28 de septiembre de 2026
Dia Internacional de Derecho de
Acceso a la Información







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